Pobreza y derechos humanos: reflexiones sobre el racismo y la discriminación

Actualmente, tanto en el sistema universal como en el sistema interamericano de protección de derechos humanos, existen instrumentos que enfatizan la obligación de los Estados de garantizar el respeto de los derechos de todos los seres humanos, sin distinción alguna de raza, género, religión o posición política. No obstante y pese a que se cuenta con un considerable acervo de tratados, declaraciones y convenciones que salvaguardan esa igualdad de jure, ésta aún no se traduce en una efectiva igualdad de facto. Y es que, en nuestro criterio, existe una relación indivisible de la pobreza como causa y efecto de violación de los derechos de las personas, que debe ser abordada si se quiere conseguir esa igualdad de facto de modo que los grupos y personas excluidas puedan reclamar sus derechos ante los Estados y obtener respuestas prontas, adecuadas y a un costo razonable para una expansión del bienestar que llegue hasta las bases de la sociedad.
Propiamente en nuestro subcontinente, si bien se ha avanzado desde la época del autoritarismo y las flagrantes violaciones contra la vida y la libertad de la década de los ochenta, basando hoy la mayoría de los países del hemisferio sus relaciones políticas en el modelo de democracia representativa y en el plano económico en las fuerzas de mercado -- que son las que definen la asignación de recursos -- la pobreza y exclusión social son todavía extensas, generando un alto grado de inseguridad económica y expectativas desesperanzadoras para vastos segmentos de la población, porque si bien se ha logrado un crecimiento económico de 4,5% en promedio en el periodo 2003-2006, marcando un desempeño excepcional en los últimos 25 años, y a pesar de que la tasa de la pobreza, de acuerdo a la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), ha descendido ligeramente por primera vez bajo el nivel de 1980, pasando de 40,5% de la población en ese año a 39,8% en el 2005, esta misma institución señala (Panorama Social de América Latina 2006) que: ". los alentadores progresos recientes en la materia no deben hacer olvidar que los niveles de pobreza siguen siendo muy elevados, y la región todavía tiene por delante una tarea de gran magnitud". A lo que añade que: "Una de las características más sobresalientes de América Latina ha sido históricamente la acentuada inequidad de la distribución del ingreso, así como su falta de flexibilidad ante el cambio. Esta desigualdad no solamente excede a la de otras regiones del mundo, sino que además se mantuvo invariable durante la década de 1990 e incluso empeoró a comienzos de la presente década ".
Entendemos como exclusión social los procesos sociales de discriminación de grupos humanos por razones de sexo, etnia, religión, convicciones políticas o ideológicas, origen social o condición socioeconómica y las prácticas que no respetan las diferencias ni valoran la diversidad. Las personas y colectividades excluidas están en condiciones de desventaja respecto del resto de la población de una manera distinta. En primer lugar, se les deja por fuera de aspiraciones legítimas a las que tienen derecho: un nivel de vida adecuado y una inserción laboral y social; al no lograrse estas condiciones, se les excluye del modo de vida esperado en sociedades democráticas, con ejercicio de los derechos humanos, sin distinción entre los civiles y políticos y los sociales, culturales, laborales y económicos. Son seres humanos y colectividades que, por estas razones, no llegan a ser consideradas como miembros de pleno derecho de la sociedad.
En Latinoamérica y el Caribe, el racismo y la discriminación tienen características históricas, económicas, sociales y culturales, que han mantenido a grupos específicos, entre estos los pueblos indígenas, afrodescendientes y mujeres, en condiciones de marginalidad, exclusión y pobreza extrema. En ese sentido, la discriminación es un delito no sólo porque es una conducta contraria a la normativa internacional, sino porque allana el terreno para que se violen sus derechos humanos fundamentales . Igualmente, cuando ésta se funda en prejuicios de raza, identidad étnica, nacionalidad o cultura, afecta además a sujetos colectivos (pueblos y comunidades) que tienen derechos en tanto colectividades, inherentes a su identidad y a su cultura, pero que no siempre cuentan con un estatus jurídico o político (una ciudadanía particular) que les permita defenderse y reclamar. Y las situaciones se agravan, aún más, cuando las poblaciones discriminadas se encuentran en condiciones de especial vulnerabilidad, como sucede, e.g., con la población penitenciaria .
La mayoría de las víctimas de la discriminación racial en la región son colectividades (y miembros de comunidades) con identidades particulares, que se desarrollan a partir de ejes como la etnicidad, la cultura, la nacionalidad, la lengua y el territorio, teniendo en común el hecho de presentarse y ser percibidos como diferentes respecto de otra identidad dominante, entendida como nacional . Quienes persisten en ser diferentes y reclaman ser tratados como tales, son estigmatizados de muy diversas maneras, entre las cuales la atribución de una raza como estereotipo y de un conjunto de prejuicios que les desvaloriza es un recurso todavía presente. En esta condición, la discriminación se basa en la negación del derecho a la diferencia y, por tanto, del carácter diverso (multiétnico, multicultural) del conjunto de la sociedad y del Estado.
Recientemente, Louise Arbour, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, expresaba: "Junto a la pobreza, la discriminación constituye otra fuente recurrente de inhabilitación y de negación de derechos, libertad y dignidad . y, a pesar de los numerosos esfuerzos de la comunidad internacional, el racismo y las prácticas racistas continúan produciéndose de manera sutil, viciosa e insidiosa, estando presentes en la vida cotidiana a través de una variedad de maneras de socialización". Igualmente, el Secretario General de las Naciones Unidas, Sr. Ban Ki-moon, se ha referido también a la discriminación racial como un peligroso obstáculo al desarrollo nacional.
Sin embargo, es preciso destacar algunos de los avances globales logrados a la fecha. La Conferencia Preparatoria de las Américas (Santiago de Chile, 2000) fue significativa porque los Estados de la región reconocieron que la identidad de las Américas no puede disociarse de su carácter multirracial, pluriétnico, multicultural, multilingüe y pluralista y que esta diversidad social constituye un aporte a la convivencia humana y a la construcción de culturas de respeto mutuo y de sistemas políticos democráticos; asimismo, por vez primera reconocieron la existencia de la discriminación institucionalizada y posibles reparaciones por los sufrimientos y daños causados por ésta. De igual manera, la Conferencia Mundial de Durban, con su Declaración y Plan de Acción, ha contribuido a que en algunos países de la región se establezcan distintas instancias estatales para poner en ejecución sus recomendaciones .
En julio de 2006 se realizó en Brasil la Conferencia Regional de las Américas contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y Formas Conexas de Intolerancia, como un foro que reunió tanto a la sociedad civil como a gobiernos e instituciones internacionales, con el acompañamiento de la ONU y, especialmente, de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, con el fin de fomentar el diálogo sobre los avances y desafíos en el cumplimiento del Plan de Acción de la Conferencia de Durban. La discusión giró en torno a: i) la necesidad de dar nuevo impulso a la implementación de los compromisos de Estado adquiridos en las Declaraciones y Planes de Acción de las Conferencias de Santiago (2000) y Durban (2001), entendiendo que sus contenidos y acuerdos constituyen un avance sustantivo en la lucha contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia, especialmente en el reconocimiento de los derechos de las víctimas de la esclavitud y del colonialismo o víctimas de discriminación múltiple o agravada; ii) la necesidad de que el Sistema de Naciones Unidas, retome los acuerdos alcanzados en Durban, en un proceso valorativo semejante al que ha tenido lugar en el caso de todas las restantes conferencias y Cumbres Internacionales; iii) igual tratamiento por parte de la OEA y de los organismos multilaterales subregionales; iv) la necesidad de elaborar un "índice de igualdad racial" internacional que permita la adecuación, estandarización y regulación del examen de las formas actuales de discriminación y racismo, su cuantificación, la formulación de indicadores y la implementación de medidas especificas para su modificación; v) la adecuación de los "Objetivos del Milenio" a los propósitos establecidos por la Conferencia de las Américas y la Conferencia de Durban, para que las Metas del Milenio se apliquen como referencia para medir los procesos realzados en el desarrollo político, económico y social de los pueblos y poblaciones afrodescendientes e indígenas; vi) que se concluya y adopte una Convención Interamericana contra el Racismo y la Discriminación; vii) que se incremente el apoyo técnico y financiero de los gobiernos y las agencias internacionales para la implementación de los planes de acción, la generación de indicadores y el cumplimiento de las Metas del Milenio, así como promover y fortalecer los organismos estatales de promoción de equidad étnica y racial en la región .
Por las razones anteriormente indicadas, es evidente que la erradicación de la discriminación requiere, entre las medidas más importantes e inmediatas, del desarrollo de una política de Estado que, a la misma vez, combata el racismo y la discriminación racial y promueva la diversidad como una condición del desarrollo con equidad y de la plena vigencia de los derechos humanos. Dicha política es particularmente importante en los ámbitos de la educación en derechos humanos, el acceso a la justicia, la participación política de la población afrodescendiente y el goce de los derechos económicos, sociales y culturales. Asimismo, es pertinente desarrollar un conjunto de indicadores que permita examinar con objetividad el grado en el cual las políticas públicas cumplen esta doble función, establecer mecanismos de monitoreo de sus avances, e identificar los déficit que requieren un mayor esfuerzo, tal y como la estrategia de trabajo del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), particularmente a partir del año 2000 . El énfasis de esta estrategia está basado en la necesidad de subsanar las insuficiencias de la democracia en la región, sin abandonar la concepción sobre la integralidad de los derechos fundamentales y la necesidad de trabajar con un enfoque multidisciplinario. La aplicación de las perspectivas transversales ya señaladas significa el reconocimiento de la realidad regional y la oficialización de una postura que, desde hace varios años, permea las diferentes iniciativas surgidas en el seno del IIDH, a partir del principio rector de fortalecer la universalidad desde la especificidad y promover la igualdad desde la diversidad. Notas 1. Por su parte, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) manifiesta que: "Los países de América Latina y el Caribe tienen uno de los índices de inequidad más altos del mundo en desarrollo. Es una región donde los ingresos, recursos y oportunidades, sistemática y en forma desproporcionada, se concentran en un segmento de la población, en las elites de la sociedad. Durante mucho tiempo, la pobreza y la degradación social que resultan de la inequidad de la región se consideraron problemas meramente económicos. Sólo en los últimos años se le ha dado mayor atención y análisis a una compleja serie de prácticas sociales, económicas y culturales que resultan en exclusión social: en el acceso limitado a los beneficios del desarrollo a ciertas poblaciones con base en su raza, etnia, género y/o capacidades físicas". (BID, Sobre la exclusión social: declaración de la Misión, 2003).
2. La incidencia entre el racismo y la discriminación racial, entendida como la privación de derechos humanos por ocasión o motivo de raza o etnicidad (e incluso por otros motivos semejantes), puede apreciarse en el caso recientemente resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, conocido como "Yean y Bosico" que aborda un aspecto de la situación que viven muchos haitianos y dominicanos de origen haitiano, en República Dominicana. El caso pone de manifiesto la privación del derecho a la nacionalidad, al nombre y a la personalidad jurídica, y como tales afectaciones repercuten posteriormente en el acceso de las niñas en el sistema educativo formal (Vid. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Niñas Yean y Bosico v. República Dominicana, Serie C No. 130, párrs. 125-207).
3. Nuevamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha tenido la posibilidad de abordar la situación en las que se pretende la limitación de derechos de las personas no pertenecientes al "patrón dominante". Así el caso López Álvarez, expresamente invoca la situación de privados de libertad de origen garífuna, que son privados de la posibilidad de expresarse en su propia lengua (Vid. Corte Interamericana de Derechos Humanos, López Álvarez v. Honduras, Serie C No. 141, párrs. 160-174).
4. Por ende, se afirma que en nuestra subregión la discriminación constituye una práctica y una conducta perversa mediante la construcción de estereotipos y prejuicios independientes de la normatividad, difíciles de perseguir con la justicia y de erradicar de la sociedad; por el contrario, la discriminación es altamente proporcional a la desigualdad, lo cual agrava sus efectos e induce a afirmar que se trata de un mecanismo de marginación económica y política.
5. Entre ellas pueden citarse la creación de comisiones gubernamentales para el diseño y establecimiento de políticas públicas de combate al racismo y la discriminación racial.
6. Información complementaria puede obtenerse en: www.santiagomascinco.cl
7. En otro artículo desarrollaré un conjunto de sugerencias acerca de las medidas de política que podrían tomar los gobiernos para promover la multiculturalidad en dichos ámbitos temáticos, basado en la experiencia acumulada por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos el cual, en 27 años de trabajo, y particularmente a partir del 2000, ha consolidado una estrategia de promoción activa de los derechos humanos basada en la priorización de cuatro ejes temáticos y tres perspectivas transversales. Los cuatro ejes temáticos son: educación en derechos humanos, justicia y seguridad, participación política y vigencia de los derechos económicos, sociales y culturales; las tres perspectivas transversales consisten en la equidad de género, el reconocimiento y preservación de la diversidad étnica y cultural y fomento de espacios para la participación de la sociedad civil y su interacción con el Estado.