No podremos estar en paz hasta que no resolvamos nuestro sistema de encarcelamiento injusto por su desequilibrio racial


Competitors in the National Urban League’s annual Hackathon work to develop digital solutions to social justice challenges. 
© National Urban League

En mi estado natal de Luisiana (Estados Unidos), este año se han promulgado reformas carcelarias de sentido común que reducirán la población reclusa en un 10% y le ahorrarán al estado más de 250 millones de dólares en los próximos 10 años. La urgencia de su aplicación queda perfectamente sintetizada en la reacción que tuvo un sheriff local ante estas reformas, cuando se quejó de que iba a perder mano de obra gratuita. Haciendo referencia a los autores de delitos no violentos, el Sheriff Steve Prator de la parroquia de Caddo afirmó: “Están dejando en libertad a los buenos que utilizamos cada día para lavar coches, cambiar el aceite del motor, preparar la comida, en fin... todo eso que nos permite ahorrar dinero” [cita traducida]1. El vídeo de esta ofensiva declaración se hizo viral en los medios sociales, donde muchos compararon el sistema de trabajo carcelario con la esclavitud.

En los Estados Unidos, la pena de prisión cada vez guarda menos relación con la justicia y más con el afán de lucro. Además de la industria del trabajo carcelario, que mueve en torno a 1.000 millones de dólares, las prisiones privadas y las compañías con fines de lucro continúan prosperando, proporcionando servicios y productos a las cárceles gubernamentales y generando un poderoso incentivo financiero para que se dicten más penas de prisión y de mayor duración.

Las empresas que suministran a los establecimientos penitenciarios bienes y servicios, como las provisiones para el economato y los servicios telefónicos, recaudan casi tanto dinero como las prisiones privadas, de acuerdo con la organización apolítica Prison Policy Initiative. El ánimo de lucro contamina casi todos los aspectos de la vida en la prisión, desgarrando a las familias sin ninguna razón que se pueda justificar por las normas de seguridad comunitarias. Por ejemplo, las costosas “visitas por vídeo” han reemplazado a las visitas familiares presenciales y gratuitas en algunos centros. Detrás hay empresas privadas que cobran el minuto en pantalla a más de 1,30 dólares.

Entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que entró en vigor el 1 de enero de 2016, se encuentran los siguientes:

  • Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo.
  • Objetivo 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.
  • Objetivo 10. Reducir la desigualdad en los países y entre ellos.
  • Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas.

La crisis del encarcelamiento masivo en los Estados Unidos impide el logro de estos objetivos, así como el acceso a la ciudadanía mundial. La prisión limita el poder adquisitivo y la oportunidad de salir de la pobreza durante decenios tras la salida en libertad. Incluso entre la minoría de exprisioneros que consigue encontrar trabajo, una cantidad inferior al 25% logra situarse por encima del último quintil de asalariados, según la investigación de los sociólogos Bruce Western y Becky Pettit2. Y estas cargas de pobreza repercuten con más dureza sobre las comunidades de color. Con solo el 5% de la población mundial, los Estados Unidos representan el 25% de la población penitenciaria mundial. Las personas de color, que son solo el 37% de la población de los Estados Unidos, suponen el 67% de los reclusos. En general, los afroamericanos tienen más probabilidades que los estadounidenses blancos de ser detenidos; una vez detenidos, es más probable que sean condenados; y una vez condenados, es más probable que enfrenten condenas severas. Los hombres negros tienen seis veces más probabilidades de ser encarcelados que los hombres blancos, y los hombres hispanos tienen más del doble de probabilidades de ser encarcelados que los hombres blancos no hispanos.
Cabe destacar que, a la luz de los comentarios del Sheriff Prator, la tasa de encarcelamiento de Luisiana es aún más alta y más desequilibrada en términos raciales que la de la nación en general. En dicho estado, 8 de cada 1.000 habitantes están en prisión —aproximadamente el doble del promedio nacional—, y los negros prácticamente doblan a los blancos en cuanto a número de reclusos. Si bien nuestra población carcelaria inflada y desequilibrada desde un punto de vista racial genera miles de millones para las empresas privadas, a los contribuyentes estadounidenses les cuesta 80.000 millones de dólares al año, a pesar de los lavados de coche gratuitos para la Oficina del Sheriff de la parroquia de Caddo.

Este mismo año, la National Urban League presentó nuestro Main Street Marshall Plan: From Poverty to Prosperity, un detallado plan para el desarrollo económico y la reforma institucional diseñado para transformar los barrios empobrecidos y las desigualdades estructurales en los Estados Unidos. Entre nuestras recomendaciones para la reforma de la justicia penal figuran las siguientes:

  • Identificar y promulgar políticas dirigidas a reducir la población carcelaria federal y estatal.
  • Eliminar las condenas mínimas obligatorias y mejorar la discrecionalidad judicial por medio de una legislación respaldada por ambos partidos como la Smarter Sentencing Act (Ley de Condenas Más Inteligentes) y la Justice Safety Valve Act (Ley de Válvula de Seguridad de la Justicia).
  • Aprobar la End Racial and Religious Profiling Act (Ley de Eliminación de la Aplicación de Perfiles Raciales y Religiosos) presentada en el Senado de los Estados Unidos o la End Racial Profiling Act (Ley de Eliminación de la Aplicación de Perfiles Raciales) presentada en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos.
  • Eliminar el incentivo para encarcelar mediante el uso de prisiones privadas.

Poco después de que la National Urban League introdujera el Main Street Marshall Plan, los Senadores de los Estados Unidos Cory Booker, de Nueva Jersey, y Richard Blumenthal, de Connecticut, presentaron la Reverse Mass Incarceration Act (Ley de Revocación del Encarcelamiento Masivo) de 2017. Basado en una propuesta de 2015 del Brennan Center for Justice de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York, el proyecto de ley lo que hace básicamente es revertir los incentivos previstos en la Violent Crime Control and Law Enforcement Act (Ley de Represión de los Delitos Violentos y Orden Público), a menudo llamada simplemente “Crime Bill” (Proyecto de Ley contra la Delincuencia) de 1994. En lugar de incentivar a los estados para que aumenten la población carcelaria, esta legislación contempla la asignación de fondos para que la reduzcan, al tiempo que mantienen la delincuencia en niveles reducidos. Se trata de una creativa propuesta política que puede ser un eficaz instrumento para acelerar los esfuerzos de los estados para revertir las repercusiones negativas del encarcelamiento masivo. A principios de octubre de 2017, los Senadores estadounidenses Chuck Grassley, de Iowa, y Dick Durbin, de Illinois, presentaron una legislación destinada a reducir las condenas de algunos autores de delitos no violentos, como los relacionados con las drogas, y al mismo tiempo aumentar las penas por las infracciones más graves y violentas.

Para poner fin a nuestra crisis de encarcelamiento masivo se necesita una intensa acción política. Una investigación llevada a cabo en 2015 por The Washington Post descubrió que empresas relacionadas con el sistema privado de prisiones habían transferido más de 10 millones de dólares a diferentes candidatos desde 1989 y destinado casi 25 millones de dólares a actividades de cabildeo3. El Fiscal General de los Estados Unidos Jeff Sessions, cuyos dos exayudantes en el Senado son ahora cabilderos de la prisión privada, anunció este mismo año la revocación de la normativa del Presidente Obama para eliminar gradualmente el uso de prisiones privadas. Sin embargo, hay destellos de esperanza. Una coalición de senadores de los dos partidos ha respaldado el proyecto de ley Grassley-Durbin, y el asesor de la Casa Blanca Jared Kushner se ha reunido en privado con senadores para abordar el tema de la reforma de la justicia penal.

Tal y como dijo Martin Luther King Jr. al finalizar la marcha de Selma a Montgomery el 25 de marzo de 1965, “el fin que buscamos es una sociedad en paz consigo misma, una sociedad que puede vivir con su conciencia”4. Hasta que no resolvamos nuestro sistema de encarcelamiento injusto por su desequilibrio racial, no podremos estar en paz con nosotros mismos.    

Notas

  1. Jonah Engel Bromwich, “Louisiana sheriff’s remarks evoke slavery, critics say”, New York Times, 12 de octubre de 2017. Disponible en https://www.nytimes.com/2017/10/12/us/prison-reform-steve-prator.html.
  2. Bruce Western y Becky Pettit, “Incarceration & social inequality” (verano de 2010), Dædalus. Disponible en https://www.amacad.org/publications/daedalus/10_summer_western.pdf.
  3. Michael Cohen, “How for-profit prisons have become the biggest lobby no one is talking about”, The Washington Post, 28 de abril de 2015. Disponible en https://www.washingtonpost.com/posteverything/wp/2015/04/28/how-for-prof....
  4. Martin Luther King, Jr., “Nuestro Dios está en marcha”, 25 de marzo de 1965. Disponible en inglés en https://kinginstitute.stanford.edu/our-god-marching.