Las pérdidas económicas y los desplazamientos deberían impulsar los esfuerzos por la reducción del riesgo de desastres

Mami Mizutori, Representante Especial del Secretario General para la Reducción del Riesgo de Desastres, hablando a la prensa en la inauguración de la Conferencia Ministerial de Asia sobre la Reducción del Riesgo de Desastres. Ulaanbaatar, Mongolia. Del 3 al 6 de julio de 2018. ©UNISDR

Solo han pasado tres años desde que los Estados Miembros de las Naciones Unidas adoptaron el Marco de Sendái para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, un plan mundial para reducir las pérdidas producidas por los desastres, que es clave del éxito de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Se centra principalmente en la prevención, con el objetivo de reconocer y anular los riesgos de desastres antes de que desencadenen eventos que lleven a la pérdida de vidas, viviendas y medios de subsistencia, además de a daños a las instalaciones sanitarias, los centros educativos, los servicios públicos y otros activos comunitarios importantes.

Reducir el riesgo de desastres es una cuestión intersectorial para todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), especialmente el ODS 1 relativo a la erradicación de la pobreza en todas sus formas y en todos los lugares. Los desastres son un contribuyente principal a la pobreza arraigada en los países de renta baja y media que intentan recuperarse de fenómenos meteorológicos extremos acentuados por los efectos del cambio climático. Los desastres pueden retrasar los beneficios del desarrollo obtenidos durante décadas de duro trabajo.

El Banco Mundial estima que los desastres cuestan a la economía global 520 000 millones de dólares al año y empujan a 26 millones de personas a la pobreza.

Desde que se adoptó el Marco de Sendái, unos 60 millones de personas en más de 100 países se han visto desplazadas como consecuencia de desastres, principalmente inundaciones, tormentas y sequías. Estos eventos adversos suelen producirse en entornos expuestos a peligros naturales y creados por el ser humano, situaciones de pobreza, falta de ecosistemas protectores y una capacidad institucional débil para prepararse y responder ante ellos. El aumento de la población, el desarrollo económico y la urbanización rápida que a menudo no tiene en cuenta los riesgos, ponen a más gente en peligro que nunca en las zonas de terremotos, llanuras inundables, zonas litorales, tierras áridas y otras zonas de alto riesgo, lo que aumenta la posibilidad de que un peligro natural se convierta en una catástrofe humanitaria. Hay más personas afectadas por los fenómenos meteorológicos extremos que por cualquier otro tipo de peligro natural, ya sean las inundaciones, las tormentas o la sequía, que son responsables del 95 % de las poblaciones afectadas por desastres.

Aunque los sistemas de alerta temprana y las evacuaciones a tiempo han hecho que se reduzcan las pérdidas de vidas, las pérdidas económicas siguen aumentando, lo que impide que una serie de naciones pasen del estatus de países menos desarrollados (PMD) a países de ingresos medios.

Muchos de los países que sufren más las pérdidas económicas son los Estados en desarrollo de islas pequeñas. Vanuatu, que quedó devastada por el ciclón Pam en 2015 cuando se estaba adoptando el Marco de Sendái, no superará el estatus de PMD hasta 2020 debido al duradero impacto de la tormenta en su economía. Por lo tanto, es necesario que se formalice e incorpore la reducción del riesgo de desastres en el ADN del Gobierno de un país si va a suponer una contribución a largo plazo hacia el desarrollo sostenible.

Esto requiere una visión clara, planes, competencia, orientación y coordinación dentro de los sectores y entre ellos. También exige la inclusión y participación de los segmentos clave de la sociedad que, si se excluyen, pueden volverse vulnerables, pero cuyas perspectivas y experiencia a la hora de lidiar con eventos catastróficos pueden mejorar la gestión del riesgo de desastres. Estos grupos incluyen a mujeres y niñas, niños, personas mayores, personas con discapacidad y pueblos indígenas.

La gobernanza es un ámbito de gran interés este año para la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNISDR). El consenso de 38 indicadores que miden el progreso para reducir las pérdidas por desastres y alcanzar los siete objetivos del Marco de Sendái ha provocado un aumento mundial de los esfuerzos para registrar las pérdidas por desastres y los análisis de las tendencias de los desastres tras la puesta en marcha del Monitor del Marco de Sendái en marzo de 2018. Los Estados Miembros de las Naciones Unidas se están registrando rápidamente para usar el Monitor e informar de sus pérdidas por desastres, como la mortalidad general, las cifras de elementos afectados, las pérdidas económicas y los daños a la infraestructura crítica.

Al mismo tiempo, todas las regiones se reunirán este año para evaluar su progreso en la implementación del Marco de Sendái y, en concreto, para garantizar que haya un aumento significativo del número de países con estrategias nacionales y locales destinadas a la reducción del riesgo de desastres para 2020, fecha límite clave para el Marco de Sendái. También es una fecha límite importante para alcanzar los ODS, dado el solapamiento con la erradicación de la pobreza y, en concreto, las implicaciones para conseguir resultados relativos al ODS 11 que pretenden lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles, y el ODS 13, cuya meta consiste en tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus impactos.

Estas estrategias nacionales y locales proporcionarán grandes evidencias de la coherencia en la Agenda 2030 si integran de forma clara iniciativas para proteger al mundo contra el cambio climático y contra los efectos del constante aumento de las temperaturas de la tierra y la superficie marina, lo que aumenta el nivel del mar y la variabilidad climática. Los acontecimientos en el Cuerno de África durante los últimos meses demuestran la magnitud del desafío para los países que menos contribuyen a las emisiones de gases invernadero, pero que con frecuencia son los más afectados por el impacto del cambio climático.

Durante dos largos años de sequía, las comunidades de pastores de Etiopía, Kenya y Somalia han tenido dificultades para mantener a su ganado con vida y alimentar a sus familias. Cuando la lluvia llegó finalmente en abril de 2018, lejos de traer alivio, trajo más dificultades. Los tres países quedaron devastados por las peores inundaciones en 20 años, que desplazaron a más de 700 000 personas. Para empeorarlo todo aún más, el ciclón Sagar azotó Somalia en mayo de 2018, mató al menos a 16 personas y desplazó a miles en una zona ya afectada por el conflicto. La variabilidad, imprevisibilidad e intensidad de dichos eventos subrayan la importancia de mejorar la gestión del riesgo de desastres con fines de prevención, mitigación, preparación, respuesta y recuperación.

Los últimos datos del Centro de Vigilancia de los Desplazados Internos muestran el alcance del problema. El año pasado hubo 18 millones de desplazamientos nuevos relacionados con la meteorología. Las inundaciones dieron lugar a 8,6 millones de desplazamientos, las tormentas, a 7,5 millones, y la sequía, a 1,5 millones. El reto de reducir los desplazamientos por fenómenos meteorológicos extremos es universal. Debido en gran medida, pero no únicamente, a una temporada de huracanes en el Atlántico muy activa en 2017, el año pasado se desplazaron en Estados Unidos más personas por peligros relacionados con el clima que en Bangladesh, India o Somalia.

UNISDR espera que, cuando el mundo se reúna en la Plataforma Mundial para la Reducción del Riesgo de Desastres en Ginebra el próximo mayo, podamos presentar una perspectiva más completa que nunca de los efectos de los desastres, especialmente en los países que tienen más problemas con los fenómenos extremos. La escala de las pérdidas económicas el año pasado y el número cada vez más alto de personas desplazadas internamente por los desastres debería ser un motivo suficiente para acelerar la implementación del Marco de Sendái y garantizar que estos esfuerzos incluyan de forma íntegra las necesidades de los grupos y comunidades en mayor riesgo.