Empoderamiento de la sociedad civil en América Latina para promover la igualdad y prevenir conflictos

Manifestación de estudiantes que piden más diálogo en los procesos de adopción de decisiones relativos a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, 2016.

"[...] puesto que las guerras nacen en la mente de los hombres, es en la mente de los hombres donde deben erigirse los baluartes de la paz",
Constitución de la UNESCO

Panorama internacional

¿Cómo podemos aspirar a la justicia social y la paz en medio de la corrupción generalizada, el creciente gasto militar, la violación sistemática de los derechos humanos y la prevalencia de codiciosos intereses comerciales?

Desde que se aprobó la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948, ha habido consenso en que "la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana". Según se afirma en la Declaración y Programa de Acción sobre una Cultura de Paz, aprobada en 1999, "la paz no sólo es la ausencia de conflictos, sino que también requiere un proceso positivo, dinámico y participativo en que se promueva el diálogo y se solucionen los conflictos en un espíritu de entendimiento y cooperación mutuos"; a la vez que se subraya "la necesidad de eliminar todas las formas de discriminación e intolerancia", lo que apunta a las desigualdades profundamente arraigadas, integradas en construcciones históricas sociales, que precisan la transformación de estructuras, comportamientos y actitudes.

Sin lugar a dudas, fomentar una cultura de paz a través de la educación se estableció como prioridad, reconociendo así que el derecho a la educación facilita otros derechos, pues se supone que la educación puede promover un conjunto de valores, actitudes y formas de comportamiento, lo que permite a las personas "resolver conflictos por medios pacíficos y en un espíritu de respeto por la dignidad humana y de tolerancia y no discriminación". La declaración señala otros aspectos fundamentales, como son la justicia económica, social y ambiental, la igualdad de género y la participación democrática, incluido el énfasis en las prácticas y los principios democráticos a todos los niveles de la educación formal y no formal.

En junio de 2000, se publicó la Carta de la Tierra, donde se reiteran dichos principios y se incorporan disposiciones que subrayan la integridad ecológica y el respeto por la naturaleza y la Madre Tierra. En concreto, la Carta se refiere a la importancia de proteger los derechos a la libertad de opinión, expresión, reunión pacífica, asociación y disentimiento, así como de integrar en la educación formal y el aprendizaje permanente los conocimientos, los valores y las aptitudes que se necesitan para lograr una forma de vida sostenible y sin violencia.

Estos compromisos de larga data ahora constituyen la base sobre la que se sustentan los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, entre ellos, el ODS 16, relativo a las sociedades pacíficas e inclusivas, y el ODS 4, relativo a la educación inclusiva y equitativa de calidad, cuya meta 4.7 otorga prioridad a la educación para el desarrollo sostenible, los derechos humanos y la paz.

A pesar de estos marcos, las perspectivas en cuanto a la prevención de conflictos son poco alentadoras. En la Memoria del Secretario General sobre la labor de la Organización de 2016 (documento A/71/1), en la sección titulada "Mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales", se señala que los dirigentes políticos están lejos de garantizar entornos pacíficos y equitativos que respeten el estado de derecho, y que se siguen desviando recursos del desarrollo a las actividades bélicas. Se están produciendo atrocidades que afectan a los niños, y cada vez más personas se ven obligadas a huir de sus hogares debido a la persistencia de los conflictos armados y el extremismo violento.

El contexto de América Latina

Las convenciones, declaraciones, cartas y agendas internacionales mencionadas han sido plenamente adoptadas por los Estados latinoamericanos, que, de hecho, contribuyeron de forma esencial a que se aprobara la Declaración sobre el Derecho a la Paz de 2016 propuesta por el Consejo de Derechos Humanos. Ocho Estados latinoamericanos votaron a favor y no hubo votos en contra ni abstenciones. Además, la región ha establecido sus propios acuerdos, como por ejemplo la Carta Democrática Interamericana. Esta última señala la relación de refuerzo mutuo entre el disfrute de los derechos humanos y las democracias consolidadas y participativas. Al igual que otros instrumentos, también destaca el papel fundamental de la educación en la concienciación y la verdadera participación en los procesos de adopción de decisiones. Es conveniente señalar que, conforme a la Iniciativa Global para Acabar con Todo Castigo Corporal hacia Niños y Niñas1, la legislación de todos los Estados de América Latina, a excepción de Guatemala y Panamá, prohíbe el castigo corporal en las escuelas, y diez países prohíben el castigo corporal en todos los contextos, incluido el hogar (Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela (República Bolivariana de)).

Según el Observatorio Regional de Conflictividad, iniciativa conjunta del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Fundación UNIR, los conflictos de la región están relacionados especialmente con la debilidad de las instituciones públicas, la pobreza generalizada y la desigualdad extrema, el reducido nivel de participación ciudadana y el no reconocimiento de identidades2.

Asimismo, en la región persisten múltiples formas de discriminación, como la racial y la étnica, que a menudo desembocan en conflictos y violencia. Lamentablemente, en la región también se observa un creciente nivel de discriminación por razón de género, y las tasas de feminicidio resultan alarmantes.

Los datos demuestran que entre los 25 países con las tasas más altas de feminicidio del mundo, 14 se encuentran en América Latina y el Caribe3. La región también tiene tasas muy elevadas de violencia contra la comunidad de lesbianas, gais, bisexuales y trans (LGBT), aunque dispone de algunas de las leyes más progresistas en relación con la igualdad y la protección de dicha comunidad. Por lo tanto, preocupa enormemente que se estén tomando medidas regresivas en materia de género en algunos países latinoamericanos, donde se está eliminando la referencia a las cuestiones de género en los proyectos educativos y los planes de estudios. En el Brasil, las autoridades han efectuado este cambio a escala nacional, así como en muchos de sus estados, basándose en la redefinición peyorativa de la igualdad de género como "ideología de género". En el Perú, el Gobierno desea implementar un plan de estudios que tenga en cuenta las cuestiones de género, en consonancia con los ODS 4 y 5, pero está encontrando la resistencia intensa de los sectores conservadores de su población, que encabezan una campaña titulada "Con mis hijos no te metas".

Estos solo son algunos ejemplos de una tendencia más amplia a la polarización en los asuntos sociales y políticos de América Latina, que supone un descenso de la tolerancia ante el disentimiento y un peligroso aumento de la "cultura de odio", a menudo impulsada por sectores de los medios de comunicación dominantes. Esto se evidencia aún más en varios incidentes de represión estudiantil que han ocurrido recientemente. Se han producido graves conflictos entre las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y sus estudiantes, lo que ha provocado la criminalización de sus actos de desobediencia civil. En México, los actos de represión van dirigidos especialmente a los estudiantes que aspiran a convertirse en docentes de escuelas rurales; muestra de ello fue la desaparición emblemática de 43 estudiantes en Ayotzinapa, en 2014, que todavía siguen desaparecidos. En el Brasil, Chile, Colombia y el Paraguay se han constatado otros casos de represión estudiantil relacionados con protestas pacíficas en defensa de la educación pública, el aumento de la ayuda financiera y el derecho a participar en la formulación de políticas.

Como se señala en el informe de 2016 de la Alianza Mundial para la Participación Ciudadana (CIVICUS), las organizaciones de la sociedad civil y los defensores de los derechos humanos afrontan trabas administrativas y legales, restricciones del ejercicio de la libertad de asociación y la intimidación y el asesinato selectivo de activistas y defensores de los derechos humanos. Todo ello a pesar de los marcos jurídicos internacionales, regionales y nacionales que reconocen los derechos fundamentales de libertad de asociación, reunión pacífica y expresión. En dicho informe se pone de relieve que “dos problemas apremiantes e interconectados afectan también la calidad del espacio cívico en ALC: la corrupción gubernamental y la influencia de intereses empresariales depredadores”4, en particular los de las industrias extractivas, los agronegocios y los proyectos de construcción a gran escala.

Fortalecimiento de las democracias, la participación y el derecho a la educación: los pilares de la justicia, la igualdad y la solución pacífica de conflictos

El fortalecimiento de las democracias, el aumento de la participación social significativa y la plena efectividad del derecho a la educación son denominadores comunes en todas las convenciones y resoluciones sobre la paz y los derechos humanos, a nivel tanto regional como internacional. Como ya se ha señalado, las causas estructurales de la violencia, los conflictos y los disturbios guardan relación con el nivel creciente de desigualdad y concentración de la riqueza —según el cual en 2017, ocho multimillonarios poseen la misma riqueza que la mitad más pobre de la población mundial5—, así como con la persistencia de múltiples formas de discriminación, la participación escasa o inexistente y otras amenazas conexas del espacio cívico. Es necesario que todos los grupos y personas puedan participar en pie de igualdad en el debate público y la adopción de decisiones, para promover eficazmente la justicia y, de esta forma, resolver el problema de la distribución desigual del poder6.

La posibilidad de participar en condiciones de paridad implica la existencia de relaciones horizontales y la promoción de una cultura de diálogo, capaz de reconocer el disentimiento sin recurrir a la violencia. Esta debe ser la base de todo intento de promover la igualdad y la solución pacífica de conflictos, así como una cultura de la paz. El educador brasileño Paulo Freire tuvo gran influencia en el establecimiento del nexo entre la participación y la educación, el cual incluye el diálogo, la concienciación, el pensamiento crítico y la acción-reflexión, situado en un contexto social e histórico, donde "leer el mundo precede a leer la palabra"7.

Resulta evidente que el derecho a la educación es, por tanto, una pieza clave en favor de la igualdad y la paz, ya sea en contextos formales o no formales, en tanto en cuanto que promueve el pensamiento crítico, la solidaridad, una cultura de diálogo, el debate y la participación, la horizontalidad, el reconocimiento de las diferencias y la pluralidad, la superación de todas las formas de discriminación arraigadas desde el punto de vista histórico y cultural, y la posibilidad de impulsar el cambio estructural.

Conviene preguntarse lo siguiente: ¿a qué conceden prioridad los Gobiernos? En 2016, el gasto militar mundial ascendió a unos 1,69 billones de dólares, mientras que el gasto en la educación de los niños en los países de ingresos bajos y medianos, por ejemplo, fue de 1,2 billones de dólares8, y se calcula que el déficit de financiación procedente de donantes en estos países para ofrecer educación preescolar, primaria y secundaria se sitúa en 39.000 millones de dólares al año, aun cuando los presupuestos nacionales siguen aumentando. Evidentemente, reducir el gasto militar para destinarlo a los derechos humanos y el desarrollo sostenible indicaría un cambio muy necesario en la voluntad política y el establecimiento de prioridades.

No obstante, el gasto militar parece insignificante en comparación con la cantidad depositada en paraísos fiscales. De acuerdo con una estimación conservadora, 7,6 billones de dólares, es decir, el 8% de la riqueza mundial, que incluye el 30% de la riqueza de África, se encuentran en paraísos fiscales transnacionales9. Un análisis más amplio considera que esta cantidad se sitúa entre 24 y 36 billones de dólares10, más que suficiente para pagar unos servicios públicos de calidad, incluida la educación, para toda la población mundial.

En América Latina, los movimientos sociales, las organizaciones de la sociedad civil y los defensores de los derechos humanos poseen un legado histórico y gran parte de lo que se ha logrado en la región, en cuanto a derechos, dignidad, justicia y paz, es el resultado de sus luchas y movilizaciones durante mucho tiempo. Sin duda, los ODS ofrecen un contexto singular para empoderar a la sociedad civil en sus esfuerzos por afrontar las causas fundamentales de la injusticia, en particular, el actual modelo económico que concentra la riqueza y antepone el lucro a las personas, las formas persistentes y arraigadas de discriminación, y el reducido espacio para la participación. Se trata de una agenda mundial que implica a todos los pueblos y naciones y los compromete con unos principios, objetivos y metas comunes, al tiempo que fomenta amplias alianzas de la sociedad civil, en todos los continentes y sectores, que impulsan la solidaridad y la colaboración mutua en cuestiones estructurales que es necesario abordar.

Notas

1      Iniciativa Global para Acabar con Todo Castigo Corporal hacia Niños y Niñas, “Progress towards prohibiting all corporal punishment in Latin American and the Caribbean”, análisis (Londres, 2017). Puede consultarse en http://www.endcorporalpunishment.org/assets/pdfs/legality-tables/Latin-America-and-Caribbean-progress-table-commitment.pdf.

2      Roderick Brett, Curso: Conflictos y Construcción de Paz en América Latina (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Panamá, 2014). Puede consultarse en http://www.latinamerica.undp.org/content/rblac/es/home/library/democratic_governance/curso_conflictos_paz.html.

3      ONU-Mujeres, “Take five: fighting femicide in Latin America”, 15 de febrero de 2017.
Puede consultarse en http://www.unwomen.org/en/news/stories/2017/2/take-five-adriana-quinones-femicide-in-latin-america.

4      Inés M. Pousadela, “Amenazas al espacio cívico en América Latina y el Caribe”, informe (Johannesburgo, CIVICUS, 2016), pág. 2. Puede consultarse en http://civicus.org/images/ThreatsToCivicSpaceInLACountriesSP.pdf.

5      OXFAM, “Una economía para el 99%. Es hora de construir una economía más humana y justa al servicio de las personas”, informe, enero de 2017. Puede consultarse en http://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/an-economy-for-the-99-its-time-to-build-a-human-economy- that-benefits-everyone-620170.

6      Nancy Fraser, “Recognition without ethics?”, Theory, Culture and Society, vol. 18, núm. 2-3 (1 de junio de 2001), págs. 21 a 42. Puede consultarse en http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/02632760122051760.

7      Paulo Freire y Donaldo P. Macedo, Literacy: Reading the Word and the World, 1998. 

8    Comisión Internacional sobre la Financiación de las Oportunidades de Educación Mundial, “La Generación del aprendizaje. Invertir en educación para un mundo en proceso de cambio”, informe (Nueva York, 2016), pág. 3. Puede consultarse en http://report.educationcommission.org/report/.

9      Gabriel Zucman, The Hidden Wealth of Nations: The Scourge of Tax Havens (Chicago y Londres, University of Chicago Press, 2015), págs. ix y 3; Puede consultarse en http://gabriel-zucman.eu/hidden-wealth/. Tax Justice Network, “Tax havens”. Puede consultarse en https://www.taxjustice.net/faq/ tax-havens (consultado el 15 de agosto de 2017).

10   Ibid.