El camino hacia un futuro de energía sostenible en América Central

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Cuando el Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) del Banco Interamericano de Desarrollo y Bloomberg New Energy Finance publicaron el primer informe "Climascopio" en 2012, puede que muchas personas se sorprendieran de que un país de América Central se clasificara en segundo puesto entre los Estados de América Latina en el índice que evalúa el clima de inversión en energía limpia, superado solamente por el Brasil. Quizás es aún más inesperado que fuera Nicaragua, un país que tan solo diez años antes tenía el mayor porcentaje de generación de electricidad a partir de combustibles fósiles de la región (casi un 80%). Entre los diez primeros países también se encontraban Panamá (3º), Costa Rica (8º) y Guatemala (9º).

Estos resultados reflejan que en el último decenio se ha producido una evolución interesante en la región: una inversión intencionada de la tendencia caracterizada por la creciente proporción de combustibles fósiles en la mezcla de generación de energía eléctrica. El abastecimiento de las demandas energéticas con combustibles fósiles se convirtió en una carga cada vez mayor para las economías nacionales y domésticas de los países completamente dependientes de importaciones de petróleo, sobre todo cuando los precios se dispararon en 2007 y 2008.

Durante los años noventa, tras una década de agitación política y guerras civiles, los países de América Central abrieron su sector energético a la participación privada en diferentes grados y modalidades: desde mercados competitivos a gran escala en El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Panamá, hasta sistemas de un solo comprador en Costa Rica y Honduras. Este movimiento se vio impulsado por la necesidad de hacer nuevas inversiones para satisfacer la demanda creciente de energía y la influencia de las instituciones financieras internacionales, partidarias de los principios del consenso de Washington.

La combinación de precios de petróleo baratos, marcos regulatorios que animaban a las ganancias a corto plazo, la ausencia de políticas a largo plazo y las consideraciones de gestión de riesgos por parte de los inversores privados tuvo como resultado un aumento del uso de los derivados del petróleo para la producción de electricidad en todos los países salvo Costa Rica, que se siguió centrando en el desarrollo de recursos renovables.  En cuanto a la región en su conjunto, se redujo la participación de las fuentes renovables en la generación de electricidad desde el 91% en 1990 hasta menos del 60% en 2005. Ese año, la mayor generación de electricidad a partir del petróleo tuvo lugar en Nicaragua (77%) y Honduras (70%). La situación se volvió contraproducente cuando los precios internacionales del petróleo comenzaron a subir.

Ante el impacto de la subida de los precios del petróleo en un sector energético muy dependiente del petróleo, los gobiernos se lanzaron a responder con una serie de medidas dispares y no todas sostenibles, como el aumento de subvenciones para el consumo energético. Sin embargo, en parte debido a los esfuerzos de colaboración regionales y a la ayuda de las organizaciones internacionales, a mediados de la década de 2000, todos los países habían emitido declaraciones políticas en las que reconocían la necesidad de incrementar el uso de las fuentes de energía renovables y fomentar la eficiencia energética. 

A finales de la década, ya se empezaron a ver los resultados de esos esfuerzos y en 2014 las energías renovables eran la fuente de casi el 64% de la generación de electricidad en la región.  La proporción de fuentes renovables en la combinación de electricidad pasó en Nicaragua del 23% en 2005 al 52% en 2014, y del 46% al 70% en Guatemala durante el mismo periodo.  

Ha habido logros increíbles, aunque no todos los países han cosechado el mismo éxito y todavía queda un largo camino por delante para alcanzar todo el potencial de la región en materia de energías renovables, que se considera suficiente para satisfacer todas las necesidades del sector de la energía eléctrica (Dolezal y otros, 2013). En un estudio titulado La Ruta hacia el Futuro para la Energía Renovable en Centroamérica, publicado por el Worldwatch Institute en colaboración con INCAE Business School, se señaló la necesidad de reforzar el clima de inversión, mejorar la eficiencia administrativa y la gobernanza y llenar las lagunas en materia de información a fin de tener éxito.

El estudio identificó cuatro áreas principales de mejora en políticas y finanzas para obtener de forma más rápida “sistemas de energía sostenibles basados en recursos renovables”:

  1. Incorporar las políticas y metas de energía renovable entre los diversos organismos públicos;
  2. Evaluar los instrumentos existentes de políticas relacionadas con la energía renovable y, cuando sea necesario, perfeccionar la mezcla de políticas;
  3. Incorporar los procesos administrativos para desarrollar nuevos proyectos de energía renovable y hacerlos menos costosos e intensivos en cuanto a tiempo; y
  4. Establecer indicadores claros para medir y evaluar el progreso en las políticas de energía renovable y los ambientes de inversión y para informar al respecto.

El informe también identificó cuatro áreas de mejora en el conocimiento y la comunicación:

  1. Producir evaluaciones adicionales y detalladas de los potenciales de los recursos renovables en la región y ponerlas a disposición del público;
  2. Evaluar los potenciales técnicos de los recursos renovables en comparación con las curvas actuales y futuras de carga de electricidad y aprovechar los recursos renovables junto con soluciones de eficiencia energética y red inteligente a través de un enfoque integrado de planificación energética;
  3. Evaluar y comunicar de forma extensa todos los impactos socioeconómicos de los diferentes escenarios energéticos, incluidos los impactos en las economías locales y la creación de empleo;
  4. Aumentar los esfuerzos para apoyar la investigación en materia de energía renovable a nivel nacional y regional, fomentar la conciencia pública sobre la energía renovable y fortalecer el conocimiento y las capacidades de recursos humanos relacionadas del gobierno, la banca y la industria privada (Dolezal y otros, 2013, págs. 13 y 14).

Se está trabajando actualmente en todos estos ámbitos, aunque no necesariamente de forma coordinada y avanzando al mismo ritmo en todos los países. Desde que se publicó el informe de Worldwatch Institute e INCAE Business School, se han construido centrales fotovoltaicas comerciales a escala de servicios públicos en Guatemala y Honduras, la generación de energía eólica ha aumentado en Nicaragua y Panamá y la regulación de la distribución de paneles fotovoltaicos para la generación de energía eléctrica ha tenido una evolución positiva en Guatemala, Panamá, El Salvador y Costa Rica.

Un avance importante en los últimos años ha sido la integración del marco regulatorio del Mercado Eléctrico Regional de América Central, que impulsa los intercambios regionales de electricidad, como en el caso del Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países de América Central, una línea de transmisión que discurre desde Guatemala hasta Panamá. Las transacciones en el mercado regional se duplicaron en tan solo un año, desde enero de 2013, cuando comenzó a aplicarse la regulación definitiva del mercado, y desde entonces se ha cuadruplicado.  

El mercado regional está permitiendo un uso más eficiente de las capacidades nacionales de generación de energía eléctrica, pero aún no está claro su impacto sobre el desarrollo de los recursos energéticos renovables, ya que dependerá de las políticas adoptadas por cada uno de los países. Por ejemplo, actualmente hay una discusión entre los encargados de formulación de políticas energéticas y algunos inversores en lo relativo a la introducción de gas natural, lo cual requiere un enfoque regional debido a la cuantía de las inversiones necesarias.

Mientras que algunos ven el gas natural como un "combustible de transición" más limpio y barato que se puede utilizar mientras se desarrollan los recursos energéticos renovables, otros lo consideran una amenaza para los proyectos de energía renovable a pequeña escala, que no pueden competir en un entorno donde los precios definen la política. De las decisiones que tomemos hoy en día dependerá si la región puede usar gas natural para ayudar a realizar una transición a una combinación de fuentes de energía más limpias o si se estanca con inversiones ligadas a otro combustible importado que pueda producir futuras crisis de precios, similares a las del petróleo.

Independientemente de las diferencias y de algunos reveses, las tendencias recientes en el sector de la energía eléctrica han demostrado la capacidad de los países de América Central a la hora de desarrollar respuestas de políticas regionales y nacionales y fomentar la inversión pública y privada para abordar cuestiones urgentes del sector energético. Esta experiencia puede servir como base para encontrar soluciones sostenibles a otros retos importantes, que a veces se pasan por alto a pesar de sus proporciones: la pobreza energética y el uso de energía en el sector del transporte.

Los países de América Central, sobre todo aquellos con los índices más bajos de electrificación, como Guatemala, Honduras y Nicaragua, han logrado avances importantes en la facilitación del acceso a la electricidad en los dos últimos decenios. Guatemala aumentó su porcentaje de hogares con conexión a la electricidad desde el 36% en 1990 hasta casi el 90% en 2014 y todos los países han superado la marca del 80% de electrificación. Sin embargo, todavía hay varios millones de personas en América Central sin acceso a la electricidad, una situación que requiere soluciones más allá de la extensión de la red eléctrica tradicional.

También es necesario tener en cuenta que la electricidad representa entre un 6% y un 22% del consumo energético total en los países de América Central (OLADE, 2014). La fuente de energía más importante para Guatemala y Nicaragua es la biomasa. El consumo de biomasa como proporción del uso total de energía también es alto en Honduras y El Salvador.

Un uso tan elevado de biomasa es indicativo de pobreza energética, ya que la mayoría es en forma de leña en el sector residencial. Según un estudio publicado por el Instituto Nacional de Bosques de Guatemala (INAB), el 98% de la biomasa usada en el país para fines energéticos se utiliza para cubrir las necesidades energéticas residenciales y el 70% de los hogares usa leña para satisfacer sus necesidades de cocina, calefacción y agua caliente (Larrañaga y otros, 2012).

Se ha demostrado que el uso de tecnologías tradicionales para la combustión de biomasa tiene consecuencias negativas en cuanto al medio ambiente, la economía y la salud, pero hasta hace poco la cuestión no había recibido tanta atención en las políticas energéticas nacionales como otras preocupaciones más "urbanas" relacionadas con la electricidad y los precios de la gasolina. Ha habido muchos intentos de contribuir a una solución mediante la distribución de estufas de leña eficientes, pero ninguno de ellos ha tenido éxito en la escala necesaria.

Un paso en la dirección correcta para corregir los fallos de las iniciativas previas es el Plan de Acción Nacional de Guatemala para Estufas y Combustibles Limpios, que propone el objetivo nacional de instalar 65.000 estufas eficientes al año. Se tiene intención de cumplir el objetivo utilizando un enfoque de mercado, que promueva actividades empresariales de producción y venta de estufas, la microfinanciación para su adquisición y el aumento de la demanda proporcionando información a los consumidores. Esta iniciativa está dirigida por el Programa Nacional de la Competitividad, con la participación del Gobierno y de partes interesadas privadas, pero todavía está en las fases iniciales de planificación y los resultados aún están por ver.

El otro reto clave para todos los países de la región es el sector del transporte, que utiliza aproximadamente dos tercios de derivados del petróleo.  En 2013, el petróleo abarcaba dos tercios del consumo de energía total en Panamá y más del 60% en Costa Rica y El Salvador, principalmente debido a su uso en el transporte público y privado (OLADE, 2014). 

La situación en el sector del transporte supone un mayor reto que la del sector de la energía eléctrica, porque las soluciones van más allá de invertir en la sustitución de combustibles o tecnologías. Requieren un enfoque sistemático que implique coordinación entre los numerosos organismos públicos y, en muchos casos, distintos niveles de gobierno, además de la implicación de un gran número de partes interesadas.

El cumplimiento de este reto no es solo una cuestión de sostenibilidad medioambiental, sino de competitividad y calidad de vida para las personas de América Central. Hay muchas propuestas e iniciativas interesantes, pero algunas de ellas están bastante aisladas y, en muchos casos, todavía falta implementación.

Los países de América Central necesitan volver a aunar los esfuerzos de los asociados regionales, nacionales e internacionales para fomentar la coherencia de las políticas, la coordinación institucional, las capacidades y las inversiones necesarias para dar respuesta a la pobreza energética y desarrollar un sector del transporte más limpio. Estos factores son clave para conseguir la sostenibilidad en todas las dimensiones de la producción y el uso de energía.

 

 

Referencias

Dolezal, Adam y otros (2013). La Ruta hacia el Futuro para la Energía Renovable en Centroamérica. Evaluación de la situación actual, Mejores prácticas, Análisis de brechas. Washington D.C.: Worldwatch Institute. Disponible en http://www.worldwatch.org/system/files/CA_report_highres_spanish_2013.pdf.

Global Alliance for Clean Cookstoves (2014). Plan de Acción Nacional de Guatemala  para Estufas y Combustibles Limpios. Ciudad de Guatemala.

Larrañaga, Marcos Martín y otros (2012). Oferta y demanda de leña en la República de Guatemala. Guatemala: Instituto Nacional de Bosques de Guatemala (INAB).

Organización Latinoamericana de Energía (OLADE) (2014). Informe de Estadísticas Energéticas 2014. Quito (Ecuador).

Naciones Unidas, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2011). Centroamérica: Estadísticas del subsector eléctrico, 2010. LC/MEX/L.1039. México D.F.

Naciones Unidas, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2015). Centroamérica: Estadísticas de producción del subsector eléctrico, 2014. LC/MEX/L.1184. México D.F.