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Hace unos meses, en una reunión de estudiantes en la Universidad Seton Hall, miembro de la Iniciativa Impacto Académico, el Presidente de la Asamblea General, Miroslav Lajčák, señaló que “se dice que la causa de la próxima guerra será el agua. Asegurémonos de que no habrá una próxima guerra y asegurémonos de que tratamos el agua como se merece”.

Los jóvenes tienen el potencial de ser agentes eficaces del cambio. No obstante, si no se reconoce la necesidad de proporcionar un medio propicio para que los jóvenes prosperen, esto se quedará en una consigna vacía.

El agua reviste una importancia política, religiosa, social, económica y medioambiental para nuestras vidas. El acceso al agua potable y el saneamiento tiene consecuencias de amplio alcance a la hora de conseguir la igualdad y crear una sociedad inclusiva.

El agua desempeña un papel fundamental en el desarrollo de la humanidad. Desde tiempos inmemoriales, las personas se han asentado cerca del agua, que siempre ha constituido una fuente de vida y bienestar.

Creemos firmemente que el agua debe ser apreciada, no sólo como un fin en sí mismo, sino como un medio para todas las demás dimensiones del desarrollo, ya sea seguridad alimentaria o energética, mejora de los medios de vida, empoderamiento de las mujeres, prevención de enfermedades, protección del ecosistema, aumento de la resiliencia a cambios globales o para una miríada de otros dominios.

Uno de los principios fundamentales de la gestión integrada de los recursos hídricos es “un enfoque participativo que involucra a los usuarios, a los planificadores y a los responsables de formular políticas a todos los niveles”.

En Palestina, el ecosistema tradicional de emprendedores todavía se encuentra en sus fases iniciales, y las empresas emergentes de carácter social o ecológico disponen de muy pocas oportunidades.

El agua también supone una amenaza para la vida. Los desastres relacionados con el agua se han cobrado una gran cantidad de vidas, han destruido los medios de subsistencia de muchas personas y han tenido, además, muchas otras consecuencias sociales y económicas negativas a corto y largo plazo

La pregunta apremiante es: ¿cómo podemos enfrentar el desafío existencial de asegurar el acceso al agua y al saneamiento para todos de una vez por todas?

El acceso al agua potable y el saneamiento a un precio asequible está reconocido como un derecho humano, pero los medios y la gobernanza para garantizar dicho acceso varían entre los distintos países y continentes.

Un ecosistema se define normalmente como un complejo formado por todos los componentes vivos (plantas, animales, microorganismos) y no vivos (suelo, clima) que interactúan como unidad funcional en una zona determinada.

En un importante estudio publicado hace un decenio, el Instituto Internacional del Manejo del Agua señaló que, en las hipótesis más probables, el abastecimiento de agua dulce debería ser suficiente para satisfacer las futuras demandas del sector agrícola, industrial y otros.

Algunos de nosotros, como yo, vivimos en zonas lluviosas donde la escasez de agua parece un problema lejano, pero que, aun así, nos afecta. Sorprendentemente, el 40% de la huella de agua de los consumidores europeos proviene de fuera del continente, a menudo, de lugares que sufren graves problemas relacionados con el agua.

Se han observado notables avances en materia de gestión sostenible y en la ampliación de la cobertura al agua potable y el saneamiento. Estos logros, en combinación con la concesión de una prioridad política cada vez más importante a este asunto, han creado gran impulso para avanzar en el compromiso de llegar a todo el mundo para 2030.

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Esto es lo que llamamos el “sostenimiento de la paz”. Y es justamente esto en lo que deberíamos trabajar, en lugar de buscar soluciones una vez el conflicto ya estalló.

En este número se analiza el progreso realizado en materia de promoción y protección de los derechos humanos en las diferentes partes del mundo. Los artículos que se presentan a continuación han sido redactados con motivo del 50º aniversario del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aprobados ambos en 1966, y examinan, entre otros elementos, la responsabilidad de las Naciones Unidas de proteger a las poblaciones vulnerables frente al genocidio y la evolución del papel realizado por el Consejo de Derechos Humanos.

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